Chile requiere una Política de Investigación y Desarrollo Integral, con un presupuesto ambicioso y un marco regulatorio que no permita la generación de suspicacias. Para el pequeño mundo científico que existe en nuestro país, contar un sistema de incentivos y apoyo financiero estatal es vital, tanto como la transparencia de estos instrumentos y la posibilidad real del fair play entre proyectos, investigadores e instituciones.
A propósito de un interesante debate sobre PIB y productividad con Sebastián Claro, surgió en mi mente el tema de Investigación y Desarrollo en Chile. ¿Cuánto invertimos como país y bajo qué modalidades? Y lo más importante aún, ¿Son estas modalidades las más pertinentes? ¿Se pueden mejorar las políticas públicas en torno a esta materia?
Ya es un lugar común señalar que Chile invierte poquísimo en I+D en relación a los países desarrollados, y a los países que actualmente se constituyen en un modelo a seguir, tales como Irlanda y Finlandia. En efecto, de acuerdo a los indicadores de CONICYT, Chile invirtió el 0,68% del PIB en I+D, comparado con el 1,20% de Irlanda o con el sorprendente 3,48% de Finlandia. Y es que como señaló el Consejo de Innovación en enero de 2007, los países ricos no invierten en Investigación y Desarrollo porque sean ricos, sino que son ricos porque invierten en I+D, ya que dicha inversión incide en el aporte al crecimiento del país en la lógica de la Productividad Total de Factores (PTF).
Y entonces ¿Qué estamos haciendo como país frente al tema? A pesar de la existencia de agencias estatales a cargo de la temática como el mismo CONICYT o el reciente Consejo de Innovación, que se encargan de diseñar, proponer y posteriormente implementar las políticas públicas en torno a Investigación y Desarrollo en Chile, aún hay inconsistencias y grandes vacíos.
A propósito de un interesante debate sobre PIB y productividad con Sebastián Claro, surgió en mi mente el tema de Investigación y Desarrollo en Chile. ¿Cuánto invertimos como país y bajo qué modalidades? Y lo más importante aún, ¿Son estas modalidades las más pertinentes? ¿Se pueden mejorar las políticas públicas en torno a esta materia?
Ya es un lugar común señalar que Chile invierte poquísimo en I+D en relación a los países desarrollados, y a los países que actualmente se constituyen en un modelo a seguir, tales como Irlanda y Finlandia. En efecto, de acuerdo a los indicadores de CONICYT, Chile invirtió el 0,68% del PIB en I+D, comparado con el 1,20% de Irlanda o con el sorprendente 3,48% de Finlandia. Y es que como señaló el Consejo de Innovación en enero de 2007, los países ricos no invierten en Investigación y Desarrollo porque sean ricos, sino que son ricos porque invierten en I+D, ya que dicha inversión incide en el aporte al crecimiento del país en la lógica de la Productividad Total de Factores (PTF).
Y entonces ¿Qué estamos haciendo como país frente al tema? A pesar de la existencia de agencias estatales a cargo de la temática como el mismo CONICYT o el reciente Consejo de Innovación, que se encargan de diseñar, proponer y posteriormente implementar las políticas públicas en torno a Investigación y Desarrollo en Chile, aún hay inconsistencias y grandes vacíos.
En este sentido, no podemos dejar pasar la experiencia de Claudio Bunster y el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, que ha estado en la palestra pública durante los últimos días, debido a cuestionamientos de la Contraloría por la adjudicación de mil millones de pesos en un concurso CONICYT y cuestionamientos desde los medios de comunicación por la recepción de asignaciones directas de la Presidencia.
¿Qué lecciones nos deja este caso? Podemos plantear que surgen aprendizajes articulados en torno a presupuesto, lobby y transparencia en torno al mejor diseño de políticas públicas en torno a Investigación y Desarrollo en Chile.
En primer lugar, hablemos del presupuesto. Los doscientos noventa millones de dólares que aporta el Estado anualmente a Investigación y Desarrollo, son exiguos en relación a las metas “Bicentenario” que han planteado los dos últimos gobiernos de la Concertación en torno al desarrollo del país. Mas aún cuando, de acuerdo al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002, Pablo Valenzuela nos estamos comiendo mil millones de dólares en el plan Transantiago sólo por defectos de su diseño. En este sentido, sólo cabe esperar que la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad que preside Nicolás Eyzaguirre consiga aumentar dicho aporte, haciendo un buen uso del llamado Fondo de Innovación para la Competitividad, articulado a partir del proyecto del Royalty Minero.
En relación a lobby y la transparencia, podemos decir que las deficiencias de las Políticas Públicas que plantea el caso CECS – Bunster, se derivan directamente de la precariedad presupuestaria de la I+D en Chile, ya que no puede ser que en nuestro país, los científicos de alto nivel tengan que recurrir al lobby e incluso a las influencias personales –con lo cuestionable de la práctica- para conseguir recursos que de otro modo no obtendrían por parte del Estado y menos del sector privado.
Y aunque valoremos la honestidad de Bunster al señalar en su entrevista a La Tercera cómo ha solicitado apoyo a cada uno de los presidentes de la Concertación para llevar a cabo su proyecto, surge como interrogante el manejo del Programa de Subvenciones de la Presidencia, (que le aportó la mitad de su presupuesto al CECS) y si efectivamente es el mejor instrumento para la entrega de recursos a Investigación y Desarrollo, ya que en tanto asignaciones directas, definidas por un equipo que posiblemente no cuenta con la expertise de la agencia especializada, permite hacerse la pregunta de cuánto de ese apoyo prestado es por causa del lobby y del vínculo de amistad previo con la presidenta.
En este sentido, Chile requiere una Política de Investigación y Desarrollo Integral, con un presupuesto ambicioso y un marco regulatorio que no permita la generación de suspicacias. Para el pequeño mundo científico que existe en nuestro país, contar un sistema de incentivos y apoyo financiero estatal es vital, tanto como la transparencia de estos instrumentos y la posibilidad real del fair play entre proyectos, investigadores e instituciones.
¿Qué lecciones nos deja este caso? Podemos plantear que surgen aprendizajes articulados en torno a presupuesto, lobby y transparencia en torno al mejor diseño de políticas públicas en torno a Investigación y Desarrollo en Chile.
En primer lugar, hablemos del presupuesto. Los doscientos noventa millones de dólares que aporta el Estado anualmente a Investigación y Desarrollo, son exiguos en relación a las metas “Bicentenario” que han planteado los dos últimos gobiernos de la Concertación en torno al desarrollo del país. Mas aún cuando, de acuerdo al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002, Pablo Valenzuela nos estamos comiendo mil millones de dólares en el plan Transantiago sólo por defectos de su diseño. En este sentido, sólo cabe esperar que la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad que preside Nicolás Eyzaguirre consiga aumentar dicho aporte, haciendo un buen uso del llamado Fondo de Innovación para la Competitividad, articulado a partir del proyecto del Royalty Minero.
En relación a lobby y la transparencia, podemos decir que las deficiencias de las Políticas Públicas que plantea el caso CECS – Bunster, se derivan directamente de la precariedad presupuestaria de la I+D en Chile, ya que no puede ser que en nuestro país, los científicos de alto nivel tengan que recurrir al lobby e incluso a las influencias personales –con lo cuestionable de la práctica- para conseguir recursos que de otro modo no obtendrían por parte del Estado y menos del sector privado.
Y aunque valoremos la honestidad de Bunster al señalar en su entrevista a La Tercera cómo ha solicitado apoyo a cada uno de los presidentes de la Concertación para llevar a cabo su proyecto, surge como interrogante el manejo del Programa de Subvenciones de la Presidencia, (que le aportó la mitad de su presupuesto al CECS) y si efectivamente es el mejor instrumento para la entrega de recursos a Investigación y Desarrollo, ya que en tanto asignaciones directas, definidas por un equipo que posiblemente no cuenta con la expertise de la agencia especializada, permite hacerse la pregunta de cuánto de ese apoyo prestado es por causa del lobby y del vínculo de amistad previo con la presidenta.
En este sentido, Chile requiere una Política de Investigación y Desarrollo Integral, con un presupuesto ambicioso y un marco regulatorio que no permita la generación de suspicacias. Para el pequeño mundo científico que existe en nuestro país, contar un sistema de incentivos y apoyo financiero estatal es vital, tanto como la transparencia de estos instrumentos y la posibilidad real del fair play entre proyectos, investigadores e instituciones.
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