miércoles, 27 de junio de 2007

Globalización, Desarrollo e Innovación: De temores y desafíos

La Globalización, y la meta de ser un País Desarrollado en este contexto, nos impone múltiples y mayores desafíos, frente a los cuales hay dos posibles caminos: ¿Seremos temerosos y conservadores, esperando que los cambios lleguen a nosotros sin hacer mayores gastos? ¿O seremos osados e innovadores, asumiendo las inversiones que se requieren y los cambios económicos, sociales y culturales que conllevará el proceso?
Camino a mi oficina, el taxista –un microempresario- me contaba que siempre peleaba con los conductores de sus otros móviles, porque por lo general, éstos esperaban que los clientes se acercaran al paradero, sin siquiera pensar en salir a buscarlos y gastar bencina. Le señalé entonces, apropiándome de nuevos conceptos, que Chile tenía todas las condiciones para convertirse en un país desarrollado, salvo por el tema de la productividad y la innovación, que es justamente lo que hace la diferencia en el PIB de los países.

Pero me quedé pensando seriamente si acaso nosotros, como país, nos estábamos quedando como esos taxistas, esperando que nos lleguen los pasajeros (los inversionistas, las innovaciones tecnológicas, el crecimiento), sin siquiera salir a buscarlos a la esquina, para no tener que gastar.

Y es que pareciera ser que ciertos temas macroeconómicos se ponen de moda de cuando en cuando. Hace algunos meses, todo el mundo hablaba de la pésima distribución del ingreso (Cómo olvidar aquellas memorables palabras de Felipe Lamarca) y hoy parece que todo el mundo habla sobre lo que hay que hacer en materia de productividad, competitividad e innovación. El fin de semana logré contar siete columnas de opinión y artículos relacionados, sólo en La Tercera y El Mercurio. Me concentraré en tres aspectos mencionados en la prensa, que me parecen de alto interés para la temática.

Lo primero tiene que ver con la necesidad de una Política Nacional para la Ciencia y la Tecnología. No basta con el CONICYT –y mi peor sospecha- no basta con el Consejo de Innovación de Eyzaguirre. Más bien se necesita un gran “Acuerdo País” que incluya a todos los sectores, al estilo de lo que contaba Lavín el día domingo con respecto a su visita a Irlanda, y donde tengan cabida todos los actores relevantes, con compromisos y metas claras: Las universidades, los estudiantes, los economistas, los empresarios e inversionistas, los trabajadores, el Estado en sus niveles central y regional, etc.

Aunque suene como una perogrullada, el primer paso consiste en que todos los sectores políticos y sociales –y no sólo una pequeña élite en una comisión- coincidan en el desafío que impone convertirse en país desarrollado, y el rol que juega la Ciencia y Tecnología –I+D en otras palabras- en la Productividad y la Innovación para la Competitividad. A mi juicio, éste es aún un desafío pendiente.

Lo segundo, tiene que ver con el Cambio Cultural. Un país desarrollado cuenta con una mirada que sostiene el crecimiento, que estimula la competitividad, que es crítica del statu quo, y que busca nuevas soluciones o mejora las existentes. Y la pregunta es ¿Nuestros niños, niñas y jóvenes están aprendiendo en esta perspectiva? A mi juicio hay esfuerzos, pero también hay grupos de interés que intentan detener ciertos procesos de autonomía, reflexión e incluso capacidad de emprendimiento en las mentes jóvenes, básicos para dar el salto que soñamos.

En este sentido, no puedo dejar de mencionar el estudio de María de la Luz Domper, de LyD, que plantea una preocupación por la visión socialista que los libros utilizados en octavo básico y cuarto medio estarían entregando a los jóvenes con respecto a la Globalización, sólo porque aparecen textos que evidencian las tensiones de este proceso multidimensional. Ojo, que dos de las habilidades culturales necesarias para la Globalización y la Hipermodernidad (En palabras de Lipovetsky) son el pensamiento crítico y la reflexividad.

Un tercer punto que quisiera tocar tiene que ver con la diferencia entre los procesos de diseño y ejecución de una política pública en torno a la innovación. Ya dejé entrever algo hace unos párrafos sobre mi temor a que esta política no cuaje como debiera. Una política de innovación tiene que ser lo suficientemente compleja y completa, pero al mismo tiempo sencilla y clara como para que pueda ser operativizada –es decir, ejecutada- rápidamente.

Me preocupa en este caso, que los resultados del Consejo Nacional de Innovación, en tanto órgano asesor, hayan devenido en la creación de un Comité Gubernamental de Innovación para la Competitividad, un consejo de ministros encargado de la ejecución, que, sospecho, generará nuevas oficinas de asesoría en cada ministerio para encargarse del tema, burocratizando al máximo un proceso que –en mi opinión- debe contar con el máximo de participación pero sólo una cabeza liderando, por parte del Estado. Como desafío para esta política, nos vendría bien cortar con la Navaja de Occam, o como dicen los norteamericanos “Keep it small and simple”.

De los múltiples aspectos que implica la Innovación, sólo he esbozado tres: La necesidad de acuerdos-país en torno a I+D, el desafío de generar Habilidades Culturales para la Globalización y el contar con políticas públicas eficaces y eficientes en la materia.

Sin embargo, la Globalización, y la meta de ser un País Desarrollado en este contexto, nos impone múltiples y mayores desafíos, frente a los cuales hay dos posibles caminos: ¿Seremos temerosos y conservadores, esperando que los cambios lleguen a nosotros sin hacer mayores gastos? ¿O seremos osados e innovadores, asumiendo las inversiones que se requieren y los cambios económicos, sociales y culturales que conllevará el proceso?

A propósito de Bunster o sobre Investigación y Desarrollo en Chile


Chile requiere una Política de Investigación y Desarrollo Integral, con un presupuesto ambicioso y un marco regulatorio que no permita la generación de suspicacias. Para el pequeño mundo científico que existe en nuestro país, contar un sistema de incentivos y apoyo financiero estatal es vital, tanto como la transparencia de estos instrumentos y la posibilidad real del fair play entre proyectos, investigadores e instituciones.

A propósito de un interesante debate sobre PIB y productividad con Sebastián Claro, surgió en mi mente el tema de Investigación y Desarrollo en Chile. ¿Cuánto invertimos como país y bajo qué modalidades? Y lo más importante aún, ¿Son estas modalidades las más pertinentes? ¿Se pueden mejorar las políticas públicas en torno a esta materia?

Ya es un lugar común señalar que Chile invierte poquísimo en I+D en relación a los países desarrollados, y a los países que actualmente se constituyen en un modelo a seguir, tales como Irlanda y Finlandia. En efecto, de acuerdo a los indicadores de CONICYT, Chile invirtió el 0,68% del PIB en I+D, comparado con el 1,20% de Irlanda o con el sorprendente 3,48% de Finlandia. Y es que como señaló el Consejo de Innovación en enero de 2007, los países ricos no invierten en Investigación y Desarrollo porque sean ricos, sino que son ricos porque invierten en I+D, ya que dicha inversión incide en el aporte al crecimiento del país en la lógica de la Productividad Total de Factores (PTF).

Y entonces ¿Qué estamos haciendo como país frente al tema? A pesar de la existencia de agencias estatales a cargo de la temática como el mismo CONICYT o el reciente Consejo de Innovación, que se encargan de diseñar, proponer y posteriormente implementar las políticas públicas en torno a Investigación y Desarrollo en Chile, aún hay inconsistencias y grandes vacíos.

En este sentido, no podemos dejar pasar la experiencia de Claudio Bunster y el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, que ha estado en la palestra pública durante los últimos días, debido a cuestionamientos de la Contraloría por la adjudicación de mil millones de pesos en un concurso CONICYT y cuestionamientos desde los medios de comunicación por la recepción de asignaciones directas de la Presidencia.

¿Qué lecciones nos deja este caso? Podemos plantear que surgen aprendizajes articulados en torno a presupuesto, lobby y transparencia en torno al mejor diseño de políticas públicas en torno a Investigación y Desarrollo en Chile.

En primer lugar, hablemos del presupuesto. Los doscientos noventa millones de dólares que aporta el Estado anualmente a Investigación y Desarrollo, son exiguos en relación a las metas “Bicentenario” que han planteado los dos últimos gobiernos de la Concertación en torno al desarrollo del país. Mas aún cuando, de acuerdo al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002, Pablo Valenzuela nos estamos comiendo mil millones de dólares en el plan Transantiago sólo por defectos de su diseño. En este sentido, sólo cabe esperar que la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad que preside Nicolás Eyzaguirre consiga aumentar dicho aporte, haciendo un buen uso del llamado Fondo de Innovación para la Competitividad, articulado a partir del proyecto del Royalty Minero.

En relación a lobby y la transparencia, podemos decir que las deficiencias de las Políticas Públicas que plantea el caso CECS – Bunster, se derivan directamente de la precariedad presupuestaria de la I+D en Chile, ya que no puede ser que en nuestro país, los científicos de alto nivel tengan que recurrir al lobby e incluso a las influencias personales –con lo cuestionable de la práctica- para conseguir recursos que de otro modo no obtendrían por parte del Estado y menos del sector privado.

Y aunque valoremos la honestidad de Bunster al señalar en su entrevista a La Tercera cómo ha solicitado apoyo a cada uno de los presidentes de la Concertación para llevar a cabo su proyecto, surge como interrogante el manejo del Programa de Subvenciones de la Presidencia, (que le aportó la mitad de su presupuesto al CECS) y si efectivamente es el mejor instrumento para la entrega de recursos a Investigación y Desarrollo, ya que en tanto asignaciones directas, definidas por un equipo que posiblemente no cuenta con la expertise de la agencia especializada, permite hacerse la pregunta de cuánto de ese apoyo prestado es por causa del lobby y del vínculo de amistad previo con la presidenta.

En este sentido, Chile requiere una Política de Investigación y Desarrollo Integral, con un presupuesto ambicioso y un marco regulatorio que no permita la generación de suspicacias. Para el pequeño mundo científico que existe en nuestro país, contar un sistema de incentivos y apoyo financiero estatal es vital, tanto como la transparencia de estos instrumentos y la posibilidad real del fair play entre proyectos, investigadores e instituciones.